WASHINGTON, 26 abr (IPS) - Comienza este martes la primera audiencia en la historia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre el cultivo de transgénicos. La resolución final podrá tener consecuencias para el futuro de ese tipo de semillas y también legales para los organismos de control estatales.
El caso de la empresa de productos orgánicos Geertson Seed Farms contra Monsanto gira en torno a una alfalfa resistente a los herbicidas que fue prohibida en Estados Unidos por un
tribunal federal en 2007.
El caso de la empresa de productos orgánicos Geertson Seed Farms contra Monsanto gira en torno a una alfalfa resistente a los herbicidas que fue prohibida en Estados Unidos por un
tribunal federal en 2007.
El fallo de hace tres años concluyó que el estudio de impacto realizado por el Departamento (ministerio) de Agricultura no era lo suficientemente riguroso en lo que respecta a las consecuencias para el ambiente y para la salud de la alfalfa transgénica y ordenó otra investigación.
En diciembre se dio a conocer el primer borrador del nuevo estudio, pero "no hay fecha prevista" para la versión final, dijo a IPS Suzanne Bond, portavoz del Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal (Aphis, por sus siglas en inglés), encargado de regular los transgénicos.
Los agricultores orgánicos cuestionaron el estudio del Departamento de Agricultura basándose en la Ley Nacional de Política Ambiental, que puede verse muy perjudicada por la resolución final del alto tribunal, que no se prevé para antes de junio.
La norma "obliga a los organismos federales a incluir el factor ambiental en su proceso de decisión y considerar las consecuencia de sus propuestas y posibles alternativas razonables", explicó Bond.
La Ley también es una herramienta legal para que los ambientalistas recusen decisiones de organismos estatales. La vulnerabilidad de la norma es una de las razones por las cuales varias organizaciones se ofrecieron a prestar testimonio en el caso contra Monsanto.
La demanda "tiene amplias consecuencias sobre la forma en que el gobierno realiza análisis ambientales y cuándo es necesario preparar informes de impacto", arguyó Noah Greenwald, del Centro para la Diversidad Biológica, al justificar la participación de su organización, que no suele trabajar con transgénicos.
"El gran tema acá es cuánta deferencia hay que tener a los organismos de control y a su capacidad para realizar su trabajo en relación con la que hay que darle a la población para que recuse al organismo ante la justicia", señaló el especialista Doug Gurian-Sherman, quien escribió varios artículos de opinión desde que comenzó el proceso en tribunales menores.
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